La duda razonable

La exjueza Regina Aubert llevaba once años retirada de los tribunales cuando recibió la carta de un estudiante de derecho que preparaba una investigación académica sobre errores judiciales históricos, solicitando una entrevista sobre el caso Belaustegui, el que ella misma había fallado treinta y dos años atrás, condenando a un joven jornalero llamado Tomás Ligarte por el homicidio de su patrón.

Regina recordaba aquel caso con una precisión que la sorprendía a esas alturas de la vida, no porque hubiera sido particularmente complejo desde el punto de vista jurídico, sino porque la condena se había sostenido casi enteramente sobre el testimonio de un único testigo ocular, un capataz que aseguraba haber visto a Ligarte huyendo del lugar de los hechos aquella noche de tormenta.

El estudiante, en su carta, mencionaba de pasada un dato que Regina desconocía por completo: el testigo ocular había fallecido dos años atrás, y en sus últimos meses de vida, según testimonios recogidos por el propio estudiante, había confesado a un sobrino que en realidad nunca había visto con claridad el rostro del fugitivo aquella noche, debido a la lluvia y la oscuridad, y que había señalado a Ligarte por presión implícita de la familia del patrón asesinado, que necesitaba con urgencia un culpable.

Regina sintió que el suelo firme sobre el que había construido su carrera judicial, basada en un orgullo discreto por la rigurosidad de sus sentencias, se resquebrajaba de golpe bajo el peso de aquella información tardía. Tomás Ligarte había cumplido dieciocho años de prisión antes de morir en la cárcel de una neumonía mal atendida, sin haber llegado nunca a conocer, según los registros, ninguna revisión favorable de su caso.

Durante semanas, Regina revisó sus propios archivos personales, guardados por costumbre profesional aunque ya carecieran de validez legal alguna, buscando en sus notas manuscritas de la época alguna señal de duda que ella misma hubiera registrado entonces y que, presionada por el clima social de condena unánime hacia el acusado, hubiera optado por ignorar en su sentencia final.

Encontró, en efecto, una nota al margen escrita de su propia mano en el expediente original, una anotación breve que decía: testimonio del capataz, verificar condiciones de visibilidad, y comprendió con un dolor sordo que aquella duda razonable, la que el propio sistema judicial exigía resolver a favor del acusado, había existido en su momento, apenas esbozada, y que ella, bajo la presión de un caso mediático y la expectativa social de una condena ejemplar, la había enterrado sin desarrollarla del todo.

Contactó a la familia de Tomás Ligarte, localizando finalmente a una hermana, Herminia, que vivía todavía en el mismo pueblo donde había ocurrido el crimen original, y que recibió la llamada de la exjueza con una desconfianza inicial comprensible, pues llevaba tres décadas convencida de que nadie en el sistema judicial se acordaría jamás de su hermano muerto en prisión por un crimen que la familia siempre sostuvo que no había cometido.

Regina le propuso colaborar con el estudiante de derecho para impulsar una revisión judicial póstuma del caso, un proceso legal complejo y de resultado incierto, pero que representaba, según le explicó con una humildad poco habitual en ella, la única reparación posible para un error que ella misma había cometido, aunque no de manera deliberada, hacía más de tres décadas.

El proceso de revisión avanzó con la lentitud burocrática habitual de estos casos, pero contó con un elemento inusual: el testimonio voluntario de la propia jueza que había dictado la condena original, quien declaró ante el nuevo tribunal que su sentencia se había basado en pruebas que, revisadas con criterios actuales, no alcanzaban el estándar de certeza necesario, y que ella misma había registrado en su momento una duda que no había sabido, o no había querido, llevar hasta sus últimas consecuencias.

El tribunal, dieciséis meses después, revocó formalmente la condena de Tomás Ligarte de manera póstuma, un fallo que no le devolvía la vida ni los dieciocho años perdidos en prisión, pero que restituía ante el registro público su inocencia, algo que Herminia recibió con un llanto silencioso que Regina interpretó como una mezcla imposible de alivio tardío y rabia jamás resuelta del todo.

Regina no buscó protagonismo mediático tras el fallo, ni concedió entrevistas más allá de la investigación académica original que había desencadenado todo el proceso. Se limitó a escribirle una carta privada a Herminia, en la que no pedía perdón —consideraba que esa palabra, en boca de quien había ejercido el poder de condenar, sonaba demasiado fácil— sino que simplemente reconocía, con la precisión jurídica que la había definido toda su carrera, que la duda razonable existe precisamente para los momentos en que resulta más incómodo honrarla.

El estudiante de derecho que había iniciado toda la investigación le pidió, meses después, permiso para citar aquella carta en su tesis final, y Regina aceptó con una condición: que el trabajo académico no la presentara como heroína tardía de la justicia, sino simplemente como lo que había sido, una jueza que en su momento eligió la comodidad de la certeza social antes que el rigor incómodo de la duda, y que sólo la vejez, con su indiferencia hacia el propio prestigio, le había dado por fin el valor de reconocerlo.