Las cláusulas del silencio

A los ochenta y un años, Hernán Salgado ya no leía los periódicos con la ansiedad de antaño, pero aquella mañana la noticia lo obligó a releer el mismo párrafo tres veces: el Acuerdo Fronterizo de Tacoreal, firmado hacía treinta y siete años con él como negociador jefe, había sido formalmente denunciado por el nuevo gobierno del país vecino, que lo calificaba de imposición neocolonial disfrazada de diplomacia.

Recordaba, con una nitidez que lo sorprendía a esas alturas de la vida, las semanas de negociación en aquella sala sin ventanas de la cancillería, el humo de los cigarrillos que entonces nadie se molestaba en apagar, y sobre todo la última noche, cuando ambas delegaciones acordaron la cláusula catorce, la que fijaba el trazado exacto del río como límite entre las dos naciones, sacrificando a cambio el reconocimiento pleno de los derechos ancestrales de las comunidades ribereñas.

En su momento, aquella cláusula le había parecido un triunfo pragmático: evitaba una guerra que ya se anunciaba en los discursos de ambos presidentes, garantizaba tres décadas de paz relativa entre países que llevaban un siglo disputándose el mismo territorio. Hernán había regresado a su capital como un héroe discreto, condecorado con una medalla que guardaba, sin demasiado orgullo, en el fondo de un cajón.

Lo que entonces no figuraba en los informes oficiales, y que Hernán conocía perfectamente, era que las comunidades indígenas que habitaban la ribera disputada jamás fueron consultadas durante las negociaciones, y que su exclusión había sido una decisión deliberada de ambas cancillerías, que preferían tratar el territorio como una abstracción geométrica antes que como un lugar habitado por gente con memoria propia.

Su nieta, Camila, estudiante de antropología, le había preguntado meses atrás, durante una cena familiar, si alguna vez se había arrepentido de aquel silencio deliberado, y Hernán, con la evasión propia de quien ha pasado toda una carrera esquivando preguntas incómodas en ruedas de prensa, había respondido que la diplomacia consistía precisamente en elegir, entre varios males, el que causara menos víctimas inmediatas.

Ahora, con el tratado denunciado y las comunidades ribereñas organizándose para exigir una renegociación que incluyera, por primera vez, su propia voz, Hernán sentía que aquella respuesta evasiva de la cena familiar ya no le alcanzaba ni siquiera para consolarse a sí mismo en la soledad de su estudio.

Buscó entre sus archivos personales, guardados en cajas que su difunta esposa siempre había querido que él ordenara y que él, por pereza o por miedo, había postergado durante años, los borradores descartados de aquella negociación, aquellos en los que un joven asesor —cuyo nombre ya no recordaba con certeza— había propuesto incluir una cláusula de consulta previa a las comunidades, propuesta que ambas delegaciones habían desechado sin apenas discusión, por considerarla una complicación innecesaria.

Releer aquel borrador descartado, treinta y siete años después, le produjo una desazón distinta de la culpa simple: no era que hubiera actuado de mala fe entonces, sino que había confundido la eficiencia diplomática con la justicia, dos categorías que en su juventud profesional le habían parecido intercambiables y que ahora, con la perspectiva que sólo da la vejez y la irrelevancia política, se le revelaban como fundamentalmente distintas.

Escribió una carta al actual canciller, ofreciéndose como testigo histórico para la comisión de renegociación, no para defender el tratado original sino para explicar, con la honestidad que ya no le costaba nada arriesgar, las omisiones deliberadas que lo habían hecho posible. Sabía que aquel gesto tardío no repararía las tres décadas de exclusión, pero le pareció, de todas las opciones disponibles a su edad, la única mínimamente digna.

El canciller, un hombre joven que apenas había nacido cuando se firmó el tratado, lo recibió con una cortesía protocolaria que a Hernán le recordó, con ironía amarga, su propia juventud diplomática. Le agradeció el testimonio, tomó notas, y le prometió que la comisión lo tendría en cuenta, aunque Hernán sospechaba, con el escepticismo que da la experiencia, que su testimonio serviría más como gesto simbólico que como corrección real de la injusticia original.

Aquella noche, Camila lo llamó para preguntarle cómo había ido la reunión, y Hernán, por primera vez en décadas de conversaciones evasivas con su familia, le contó todo: la cláusula catorce, el borrador descartado, el joven asesor sin nombre que él ya no lograba recordar. Camila guardó silencio un momento y luego dijo que se sentía, extrañamente, más orgullosa de aquella confesión tardía que de cualquier medalla guardada en un cajón.

Hernán colgó el teléfono y, por primera vez desde que empezara aquella carrera diplomática medio siglo atrás, sintió que la palabra legado, tan usada en sus discursos de despedida, significaba por fin algo distinto de la mera permanencia: significaba, quizás, el derecho ajeno a corregir lo que uno mismo, en su momento, no tuvo el valor de cuestionar.