La candidata

Nadie en Villafranca del Río, una localidad industrial de doce mil habitantes en la ribera del Ebro, habría imaginado que Marta Gorostiza acabaría siendo alcaldesa. Era profesora de Biología en el instituto, madre de dos hijos y hasta los cuarenta y dos años no había militado en ningún partido. Entró en política casi por accidente, empujada por un problema concreto: la tasa de enfermedades respiratorias infantiles en el pueblo triplicaba la media regional, y ella sospechaba que tenía que ver con las emisiones de la planta química que daba trabajo a buena parte de la población.

Durante dos años, Marta recogió datos con la obstinación de quien está acostumbrada a los métodos científicos: registros de urgencias pediátricas, mediciones de calidad del aire realizadas con sensores comprados por una asociación de padres, testimonios de médicos de familia. Presentó sus conclusiones en plenos municipales ante la indiferencia o la hostilidad del equipo de gobierno, que temía que cualquier conflicto con la empresa pusiera en riesgo los ochocientos empleos directos que generaba.

Ante la falta de respuesta, un pequeño partido de ámbito regional le ofreció encabezar su lista en las elecciones municipales. Marta aceptó con la condición de que su programa tuviera un único eje central: exigir una evaluación independiente del impacto sanitario de la planta y, si se confirmaban sus sospechas, obligar a la empresa a invertir en tecnologías de reducción de emisiones. Para sorpresa general, ganó por un margen estrecho.

Sus cuatro años de mandato fueron agotadores. Consiguió que la consejería de sanidad encargara un estudio epidemiológico a una universidad, que confirmó una correlación estadísticamente significativa entre las emisiones de la planta y las enfermedades respiratorias. Negoció durante meses con la empresa, que amenazó en varias ocasiones con trasladar su producción a otro país, y logró finalmente un acuerdo para instalar filtros que redujeron las emisiones en un cuarenta por ciento. Era un avance real, aunque insuficiente según los propios datos del estudio.

Su gestión llamó la atención de la dirección nacional de uno de los grandes partidos del país, que buscaba perfiles independientes y con credibilidad para renovar su imagen. Le ofrecieron un puesto destacado en su lista al Congreso por la provincia, con opciones reales de convertirse en diputada y, según le insinuaron, de acceder en el futuro a responsabilidades de gobierno en materia de medio ambiente o de sanidad.

La oferta llegó acompañada de una conversación discreta con un dirigente del partido. El grupo empresarial propietario de la planta de Villafranca tenía importantes intereses en otras regiones y mantenía una relación fluida con la dirección del partido. Le explicaron que, si aceptaba la candidatura, sería conveniente que dejara de insistir en la segunda fase de reducción de emisiones que ella misma había planteado como imprescindible. No se trataba de renunciar a sus principios, le dijeron, sino de entender que la política nacional exigía "una visión más amplia".

Marta salió de aquella reunión con una sensación que tardó días en poder nombrar. No era exactamente indignación, porque la propuesta se había formulado con una cortesía impecable y con argumentos que no eran del todo absurdos. Era algo más inquietante: la constatación de que el poder que le ofrecían para cambiar las cosas a gran escala tenía como precio, precisamente, dejar de cambiar la cosa concreta que la había llevado a la política.

Durante semanas, Marta sopesó la decisión. Algunos de sus colaboradores más cercanos la animaban a aceptar: desde el Congreso, argumentaban, podría impulsar leyes que protegieran a cientos de pueblos como Villafranca, en lugar de librar una batalla local contra una sola empresa. La renuncia a la segunda fase sería temporal, un peaje inevitable para acceder a un lugar desde el que su influencia sería infinitamente mayor. Era, al fin y al cabo, lo que hacían todos los políticos que llegaban a algún sitio.

Otros, en cambio, le recordaban por qué había empezado. Una madre de la asociación de padres, cuyo hijo había sufrido tres ingresos hospitalarios por crisis asmáticas, le dijo algo que Marta no conseguía quitarse de la cabeza: —Si tú, que llegaste por esto, renuncias a esto, ¿quién va a creer que alguien entra en política por algo que no sea entrar en política?

Marta pensó también en sus alumnos del instituto, a los que durante años había enseñado que la ciencia exige seguir los datos aunque conduzcan a conclusiones incómodas. Los datos del estudio epidemiológico eran claros: la reducción del cuarenta por ciento había mejorado la situación, pero los niveles seguían siendo perjudiciales. Aceptar la candidatura en esas condiciones significaba, en términos estrictos, aceptar que un número determinado de niños siguiera enfermando a cambio de una influencia política hipotética.

Rechazó la oferta. Lo hizo en privado, sin declaraciones públicas ni acusaciones, porque no quería convertir la decisión en un gesto heroico que pudiera ser utilizado políticamente. Se presentó de nuevo a las elecciones municipales con el mismo pequeño partido regional y ganó con un margen más amplio. En su segundo mandato, con el respaldo de la asociación de padres, de la comunidad científica y de una parte creciente de los trabajadores de la propia planta, logró que la empresa aceptara la segunda fase de reducción de emisiones.

Marta nunca llegó al Congreso. Algunos analistas políticos consideran que desperdició una oportunidad histórica y que su decisión fue ingenua. Ella no discute ese juicio; admite que quizás desde Madrid habría podido hacer más cosas, aunque nunca sabrá cuáles. Pero cuando le preguntan si se arrepiente, siempre responde con los mismos datos: en los últimos cinco años, los ingresos hospitalarios infantiles por enfermedades respiratorias en Villafranca han descendido un sesenta por ciento. —No sé cuánto vale una carrera política —dice—. Sé exactamente cuánto vale eso.