La Pepa: la Constitución de Cádiz de 1812

En el invierno de 1810, mientras las tropas napoleónicas dominaban casi toda la península, una ciudad resistía. Cádiz, protegida por el mar y por la flota británica, se convirtió en el refugio de las instituciones que no reconocían a José Bonaparte como rey. Allí, bajo el fuego intermitente de la artillería francesa, se reunieron las Cortes Generales y Extraordinarias, que el 19 de marzo de 1812, festividad de San José, promulgaron la Constitución política de la Monarquía española. Por la fecha, el pueblo la bautizó enseguida como «la Pepa».

El texto resulta asombroso si se tiene en cuenta el contexto. En un país en guerra y con el rey legítimo, Fernando VII, retenido en Francia, los diputados proclamaron que la soberanía residía esencialmente en la nación, y no en el monarca. Establecieron la división de poderes, un sufragio masculino indirecto muy amplio para la época, la libertad de imprenta y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y abolieron los señoríos jurisdiccionales.

Uno de sus rasgos más singulares fue su vocación transatlántica. La Constitución definía la nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios», y entre los diputados figuraban representantes de los territorios americanos y de Filipinas. Algunos de ellos, como el mexicano Miguel Ramos Arizpe o el peruano Vicente Morales Duárez, desempeñaron un papel destacado en los debates, aunque la representación americana quedó lejos de ser proporcional a su población, lo que alimentó agravios que pesarían en los procesos de independencia.

Tampoco conviene idealizarla. La Constitución consagraba la religión católica como única, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra, y excluía de la ciudadanía a amplios sectores, entre ellos a las personas de ascendencia africana y, por supuesto, a las mujeres. Era, en definitiva, un texto liberal de su tiempo, con las contradicciones propias de un compromiso entre corrientes muy distintas.

Su vigencia fue efímera. En 1814, al regresar a España, Fernando VII la derogó, disolvió las Cortes y persiguió a los diputados liberales. Volvió a estar en vigor durante el Trienio Liberal, entre 1820 y 1823, hasta que una intervención militar francesa restauró el absolutismo, y de nuevo, brevemente, en 1836.

Su influencia, en cambio, fue duradera. Sirvió de modelo para textos constitucionales en Portugal, en varios estados italianos y en diversas repúblicas americanas, y la palabra «liberal», en su sentido político, se difundió por Europa a partir de los debates gaditanos. Paradójicamente, la constitución que menos tiempo rigió en España es probablemente la que más huella dejó fuera de ella.