Posverdad: la política de los hechos irrelevantes

Cuando en 2016 el Diccionario de Oxford eligió post-truth como palabra del año, la definió como aquello que denota circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. El español no tardó en acuñar su equivalente, «posverdad», que la Real Academia incorporó poco después con una definición más tajante: distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública.

La diferencia entre ambas definiciones no es menor. La primera describe un clima; la segunda, una estrategia. Y en esa ambigüedad reside buena parte del debate. ¿Estamos ante una época en la que el público ha dejado de valorar la verdad, o ante actores concretos que han descubierto que la mentira, convenientemente administrada, sale gratis?

La mentira política, desde luego, no es una invención reciente. Lo que parece haber cambiado es la relación con el desmentido. El político tradicional que era sorprendido en una falsedad solía rectificar, matizar o, en el peor de los casos, dimitir: reconocía, al menos implícitamente, que la verdad importaba. El discurso de la posverdad, en cambio, no se molesta en defender la exactitud de sus afirmaciones. Cuando se le confronta con los datos, responde descalificando a quien los aporta o desplazando la conversación hacia otro terreno.

Las redes sociales han acelerado el fenómeno por razones que tienen más que ver con la economía que con la ideología. Sus algoritmos premian el contenido que genera interacción, y pocas cosas generan tanta interacción como la indignación. Un desmentido riguroso llega, en el mejor de los casos, a una fracción del público que vio el bulo, y suele hacerlo tarde. Además, la repetición de una afirmación, incluso para refutarla, refuerza su familiaridad, y lo familiar tiende a parecernos verosímil.

Sería un error, sin embargo, atribuirlo todo a la credulidad de los ciudadanos. Diversas investigaciones sugieren que mucha gente comparte información dudosa no porque la crea a pie juntillas, sino porque expresa una pertenencia: difundir un mensaje es una manera de señalar de qué lado se está. Desde esa perspectiva, el problema no sería tanto la ignorancia como la polarización, que convierte cualquier dato en un emblema identitario.

Si esto es así, la verificación de datos, aun siendo imprescindible, resulta insuficiente. Hacen falta también instituciones que gocen de credibilidad transversal, medios dispuestos a reconocer sus propios errores y, quizá, un cambio en el diseño de las plataformas. Pero sobre todo hace falta recuperar una convicción elemental: que en una democracia podemos discrepar sobre lo que hay que hacer, pero no sobre lo que ha ocurrido.