La restitución

La máscara funeraria que presidía la sala principal del Museo de Culturas del Mundo de Madrid llevaba noventa años siendo su pieza más emblemática. Tallada en madera y recubierta de láminas de cobre, procedía, según la cartela, de una región del África occidental y había sido "adquirida" en 1934 por un coleccionista español que después la donó al museo. Aparecía en las guías turísticas, en los carteles institucionales y en el logotipo del propio museo.

Beatriz Mendizábal, conservadora jefa del departamento de África desde hacía seis años, había contemplado la máscara miles de veces. Como buena parte de su generación de conservadores, había sido formada en un contexto en el que las preguntas sobre la procedencia de las colecciones coloniales empezaban a ocupar un lugar central, y sabía que muchas piezas de los museos europeos habían llegado a sus vitrinas mediante procesos que, examinados con honestidad, difícilmente podían llamarse adquisiciones.

Con motivo del centenario del museo, la dirección le encargó una exposición sobre la historia de la colección. Beatriz aprovechó para revisar a fondo la documentación de la máscara, que nadie había examinado con detenimiento en décadas. En el archivo del coleccionista, legado al museo junto con la pieza, encontró un cuaderno de viaje que ningún investigador parecía haber leído completo.

Las anotaciones del coleccionista, escritas con la naturalidad de quien no cree estar haciendo nada reprochable, describían con detalle cómo había obtenido la máscara. No la había comprado. La había retirado de un santuario durante una expedición militar de castigo organizada por la administración colonial francesa contra una aldea que se había negado a pagar impuestos. El coleccionista acompañaba a los oficiales como invitado y anotaba, con entusiasmo de aficionado, que los habitantes "habían huido dejando tras de sí sus ídolos".

Beatriz leyó aquellas páginas varias veces antes de asimilar su significado. La pieza que definía la identidad del museo no era un testimonio de admiración por otra cultura, sino un botín de guerra. Y no se trataba de un objeto decorativo: según la investigación etnográfica posterior, aquel tipo de máscaras tenía una función ritual en las ceremonias funerarias, y su pérdida había supuesto para aquella comunidad una ruptura profunda con sus antepasados.

Cuando presentó sus hallazgos a la dirección, la reacción fue una mezcla de alarma y resistencia. El director, un historiador del arte respetado y sinceramente comprometido con la renovación del museo, reconoció la gravedad del descubrimiento, pero le advirtió de sus implicaciones: la ley española no preveía mecanismos claros para la devolución de bienes de colecciones públicas, el patronato del museo se opondría, y abrir aquel caso significaría inevitablemente abrir el de cientos de piezas más.

Beatriz comprendió que el argumento de fondo no era jurídico, sino identitario. Devolver la máscara supondría admitir que el relato con el que el museo se había presentado durante casi un siglo —el de una institución dedicada a celebrar la diversidad de las culturas humanas— se había construido, en parte, sobre el expolio. Y esa admisión resultaba mucho más costosa que cualquier procedimiento administrativo.

Decidió no esperar a que la institución resolviera sus contradicciones. Contactó, a través de un antropólogo que trabajaba en la región, con los descendientes de la aldea, que seguía existiendo, aunque con otro nombre y dentro de las fronteras de un Estado independiente. Una delegación de la comunidad, encabezada por un jefe tradicional y una historiadora de la universidad nacional, aceptó viajar a Madrid para ver la máscara.

El encuentro se produjo un lunes, con el museo cerrado al público. Beatriz nunca olvidaría el silencio que se hizo en la sala cuando el anciano jefe se detuvo frente a la vitrina. Durante varios minutos no dijo nada. Luego pidió que le permitieran rezar. La historiadora le explicó a Beatriz, en voz baja, que según la tradición oral de la aldea, desde la desaparición de la máscara no se había podido celebrar correctamente ningún rito funerario, y que tres generaciones de difuntos permanecían, en su concepción, sin haber sido plenamente despedidos.

La visita de la delegación trascendió a la prensa y generó un debate público que el museo ya no pudo eludir. Durante meses, la dirección, el ministerio y los representantes de la comunidad negociaron las condiciones de una posible restitución. Beatriz fue apartada temporalmente de la organización de la exposición del centenario, en una decisión que la dirección justificó por razones organizativas y que ella interpretó, sin demasiadas dudas, como una sanción por haber forzado los tiempos de la institución.

Dos años después, el Gobierno aprobó la devolución de la máscara, en el primer caso de restitución de una pieza de una colección pública estatal española a una comunidad africana. La exposición del centenario, finalmente, incluyó una sala dedicada a la historia de la máscara, con el cuaderno del coleccionista abierto en la página del saqueo y una vitrina vacía en el lugar que había ocupado durante noventa años.

Beatriz viajó a la ceremonia de retorno. En la aldea, la máscara fue recibida con cantos y danzas que se prolongaron durante tres días, y se celebró, por primera vez en casi un siglo, un rito funerario colectivo por todos los antepasados que no habían podido ser despedidos. Al volver a Madrid, Beatriz se detuvo ante la vitrina vacía de la sala del centenario. Pensó que era, probablemente, la pieza más importante que el museo había exhibido nunca: la que obligaba a cada visitante a preguntarse qué más faltaba en otras vitrinas, y a quién.